Justicia le da la razón a los sindicatos: Juzgado ordena a la Alcaldía de Sabanalarga corregir graves omisiones en Seguridad y Salud en el Trabajo
Fallo en segunda instancia evidencia negligencia institucional, falta de transparencia y desprotección laboral. La presión sindical vuelve a ser clave para frenar el deterioro de las condiciones laborales en el municipio.
Una nueva victoria del movimiento sindical se logró en Sabanalarga. El Juzgado Primero Penal del Circuito revocó la decisión que inicialmente negaba el derecho de petición presentado por los sindicatos SINSERPALSA, SINTRAIMTDESCOL y SINTRAMUSA, y ordenó a la Alcaldía corregir de inmediato las graves omisiones detectadas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del municipio.
El fallo revela un patrón de opacidad, improvisación y negligencia por parte de la administración municipal y de la contratista encargada del SG-SST, Ilse Vanesa Peláez Estrada. La justicia determinó que la Alcaldía nunca entregó una respuesta de fondo, ni clara, ni con soportes documentales, frente a un derecho de petición que contenía 17 solicitudes específicas de información laboral y de seguridad.
Incluso, según el expediente, las respuestas fueron enviadas desde un correo personal, sin firma, sin acreditación profesional en SST y con evidentes evasivas. Para el movimiento sindical, esto no solo constituye una falta administrativa, sino una falta de respeto hacia la clase trabajadora y una muestra de que la gestión en salud laboral del municipio está siendo tratada con total irresponsabilidad.
Un SG-SST inexistente: trabajadores expuestos y silencio institucional
El fallo recoge hechos particularmente graves:
Días después de las respuestas incompletas de la Alcaldía, el Ministerio del Trabajo constató la inexistencia material del SG-SST, ordenando incluso una paralización parcial por riesgo grave e inminente dentro de la administración municipal. Esto confirma que los sindicatos tenían razón desde el primer momento.
Las organizaciones demostraron que la Alcaldía:
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No contaba con actas, informes ni cronogramas reales del SG-SST.
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No había aplicado la batería de riesgos psicosociales.
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No tenía funcionamiento del COPASST ni del Comité de Convivencia.
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No entregó indicadores de gestión ni evidencias de acciones preventivas.
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No documentó accidentes, inspecciones o reportes técnicos con rigor.
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Negó documentos alegando "reserva legal" sin fundamento, intentando ocultar información pública.
El juez fue claro: las peticiones 8, 9 y 15 jamás fueron respondidas y la administración vulneró el derecho fundamental de petición de las organizaciones trabajadoras
Órdenes que la Alcaldía deberá cumplir bajo presión sindical
El Juzgado ordenó a la Alcaldía y a la líder del SG-SST que, en un plazo de 48 horas, entreguen:
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Estadísticas reales de ausentismo laboral de 2024 y 2025.
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Un informe completo sobre acciones, indicadores y evidencias de impacto del SG-SST.
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El acta de designación de la responsable del sistema.
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Copias de todas las comunicaciones sobre condiciones inseguras y actas de inspección.
Para los sindicatos, esta decisión no solo reivindica su lucha, sino que evidencia que sin control sindical, la seguridad laboral en el municipio seguiría siendo un caos institucional.
El fallo refuerza la importancia de la veeduría sindical
Este caso confirma algo que el sindicalismo estatal viene denunciando hace años:
cuando no existe vigilancia sindical, los gobiernos locales abandonan la salud y la seguridad de sus trabajadores.
Gracias a la insistencia organizada, los sindicatos pudieron demostrar:
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Grave deterioro de las condiciones laborales.
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Falta de gestión institucional.
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Intentos de ocultamiento de información.
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Incumplimiento de normas mínimas del SG-SST.
Hoy, la justicia reconoce que fueron las organizaciones sindicales quienes actuaron con responsabilidad, quienes hicieron el trabajo que la administración debía hacer y quienes evitaron que el riesgo laboral se siguiera normalizando en la Alcaldía.
La lucha continúa
Aunque el fallo es un triunfo, los sindicatos advierten que la vigilancia no puede cesar. La Alcaldía de Sabanalarga deberá cumplir con rigor las órdenes judiciales, y los trabajadores organizados mantendrán la presión para garantizar que se implementen medidas reales, no simples documentos para cumplir requisito.
Sin control sindical, no hay garantías.
Sin vigilancia obrera, no hay seguridad laboral.
Y sin la fuerza colectiva, ninguna administración corrige sus errores.
Porque la experiencia lo ha demostrado:
solo la fuerza organizada protege a los trabajadores.
Solo la presión sindical obliga a respetar la ley.
Solo la unidad obrera evita que la negligencia se normalice.
Descargar Fallo.