Gobierno Petro da un paso histórico para reparar y dignificar al movimiento sindical colombiano
El Decreto 0650 de 2026 reconoce al sindicalismo como víctima colectiva de décadas de persecución y obliga al Estado a adoptar medidas de memoria, protección, fortalecimiento organizativo y garantías de no repetición.
La expedición del Decreto 0650 del 26 de junio de 2026 constituye uno de los avances más importantes en el reconocimiento de la violencia ejercida durante décadas contra el movimiento sindical colombiano.
La norma, promulgada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, establece lineamientos para fortalecer, complementar y orientar la reparación colectiva del sindicalismo, reconocido como víctima por las afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado y de una persecución sistemática que dejó miles de trabajadores asesinados, amenazados, desplazados y silenciados.
Según cifras oficiales divulgadas por el Ministerio del Trabajo, entre 1971 y 2024 se registraron más de 15.300 violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas, incluyendo el asesinato de más de 3.200 dirigentes, activistas y trabajadores organizados.
Detrás de estas cifras existen familias destruidas, organizaciones debilitadas, negociaciones colectivas frustradas y comunidades enteras privadas de sus principales liderazgos sociales. El sindicalismo colombiano ha denunciado históricamente que gran parte de esta violencia fue ejecutada por estructuras paramilitares que buscaron eliminar la organización obrera, impedir las reclamaciones laborales y cerrar los espacios de participación política de los trabajadores.
Voluntad política para saldar una deuda histórica
La expedición del decreto demuestra la voluntad política del Gobierno de Gustavo Petro de dignificar a las víctimas de la violencia antisindical y convertir una deuda histórica del Estado en una política pública de alcance nacional.
No se trata solamente de reconocer los hechos del pasado. El Decreto 0650 compromete a las entidades del Gobierno nacional a incorporar acciones de reparación colectiva en sus planes, programas, presupuestos, instrumentos de gestión y mecanismos de seguimiento.
Esta decisión también evidencia la importancia de la relación entre el movimiento sindical y la política. Cuando las reivindicaciones de la clase trabajadora encuentran respaldo en un Gobierno cercano a las luchas populares, obreras y sindicales, las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición pueden transformarse en decisiones institucionales concretas.
La experiencia demuestra que la acción sindical y la incidencia política no son caminos separados. Los derechos laborales también se defienden en los escenarios donde se aprueban las leyes, se distribuyen los recursos públicos y se determinan las políticas que afectan la vida de millones de trabajadores.
Un reconocimiento a quienes fueron perseguidos por organizarse
El Decreto 0650 reconoce que la violencia antisindical afectó mucho más que a las víctimas directas. Los asesinatos, amenazas, desplazamientos y campañas de estigmatización debilitaron la libertad sindical, la afiliación, la negociación colectiva, la capacidad organizativa y la participación democrática del movimiento de los trabajadores.
Cada sindicalista asesinado representó una voz que se intentó silenciar. Cada organización perseguida significó trabajadores que perdieron la posibilidad de defender colectivamente sus salarios, su estabilidad, sus condiciones laborales y su dignidad.
Por ello, la reparación debe comprender medidas materiales, institucionales, educativas, culturales y simbólicas que permitan reconstruir el tejido social destruido por la violencia.
Medidas para la memoria, la dignificación y la no repetición
La norma establece la realización de un acto solemne de reconocimiento, coordinado por el Ministerio del Trabajo y la Unidad para las Víctimas con la Presidencia de la República, para dignificar a las víctimas de la violencia antisindical.
También crea el Programa de Reconocimiento y Dignificación de la Labor y las Memorias Plurales Sindicales, cuyo propósito será visibilizar el aporte del movimiento sindical a la democracia, los derechos humanos, los derechos laborales y la construcción de paz.
Entre las principales medidas se encuentran:
- La celebración anual de la Semana por la Dignificación y el Reconocimiento de la Labor y las Memorias Sindicales, durante la primera semana de mayo.
- La creación de una estrategia nacional de comunicación contra la estigmatización y la violencia antisindical.
- El fortalecimiento de archivos, investigaciones y procesos de memoria histórica.
- La implementación de programas de formación en libertad sindical y ciudadanía laboral.
- La creación de una Escuela Nacional de Liderazgo Sindical.
- El fortalecimiento de los mecanismos de prevención, alerta temprana y protección para sindicalistas en riesgo.
- El impulso de campañas de afiliación sindical libre, informada y voluntaria.
- La promoción de espacios regionales de diálogo, reconstrucción del tejido social y participación del movimiento sindical.
El decreto también incorpora enfoques diferenciales para reconocer los riesgos particulares que enfrentan las mujeres sindicalistas, los docentes, los trabajadores rurales, los servidores públicos, los jóvenes y otras poblaciones históricamente excluidas.
La reparación deberá traducirse en acciones y presupuesto
El verdadero alcance de esta decisión dependerá de su implementación. La reparación no puede quedarse únicamente en actos simbólicos, discursos oficiales o documentos administrativos.
Las organizaciones sindicales deberán exigir que las entidades responsables asignen recursos, establezcan cronogramas verificables y rindan cuentas sobre el cumplimiento de cada una de las medidas.
El Ministerio del Trabajo, Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas deberán elaborar un plan de implementación dentro de los 60 días hábiles, con participación de la Central Unitaria de Trabajadores —CUT—, la Confederación General del Trabajo —CGT—, la Confederación de Trabajadores de Colombia —CTC— y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación —Fecode—.
Sin memoria no hay justicia; sin organización no hay derechos
El Decreto 0650 representa una conquista para el movimiento sindical y un reconocimiento a quienes entregaron su vida defendiendo los derechos de la clase trabajadora.
También constituye un llamado a fortalecer la unidad, la organización y la participación política de los trabajadores. La historia demuestra que los derechos laborales no han sido concesiones espontáneas del poder, sino conquistas alcanzadas mediante la movilización, la negociación y la lucha colectiva.
La reparación del sindicalismo será verdadera cuando se conozca la verdad sobre los responsables de la violencia, se dignifique plenamente a las víctimas, se proteja la vida de quienes continúan organizándose y se garantice que ningún trabajador vuelva a ser perseguido por ejercer su derecho a sindicalizarse.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado un paso histórico. Ahora corresponde al Estado cumplir, a las organizaciones sindicales vigilar y a la sociedad colombiana reconocer que defender al sindicalismo es defender la democracia, la justicia social y la paz.
Descargar el Decreto 0650 del 26 de junio de 2026.