0 %: EL VEREDICTO DEL DNP SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JOSÉ ELÍAS CHAMS
La Medición de Eficacia 2025 dejó a Sabanalarga con un puntaje de 0,0 %. El DNP no pudo calcular el Índice de Eficacia porque la administración municipal no logró acreditar, mediante los sistemas oficiales del Estado, la información necesaria para verificar la relación entre la planeación, la ejecución de las metas y la inversión pública.
El 0 % no apareció por accidente
Hay cifras que retratan una administración mejor que cualquier discurso, cualquier campaña institucional o cualquier publicación en redes sociales. El 0,0 % obtenido por Sabanalarga en la Medición de Eficacia 2025 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) es una de ellas. No se trata de una opinión política ni de una interpretación interesada. Es el resultado oficial de una evaluación técnica realizada por la entidad responsable de medir la capacidad de los gobiernos territoriales para demostrar el cumplimiento de sus metas.
Este resultado debería preocupar a todos los sabanalargueros. No porque el municipio haya recibido una sanción, sino porque el Estado colombiano no pudo verificar, mediante sus propios sistemas de información, la correspondencia entre la planeación, la ejecución física y la inversión pública de la administración municipal.
Ese hecho, por sí solo, constituye una seria advertencia sobre la capacidad institucional del gobierno local.
Cuando el Estado no puede verificar la gestión de un gobierno
La explicación está en la propia ficha del DNP.
El organismo nacional informa que no fue posible calcular el Índice de Eficacia porque la información registrada por el municipio no cumplía las condiciones necesarias para aplicar la metodología. Para ello debía existir, simultáneamente, programación de metas en SisPT, avances físicos registrados en PIIP y obligaciones presupuestales en CUIPO. Esa articulación no pudo verificarse.
En palabras sencillas, el municipio pudo haber ejecutado actividades, contratado obras o comprometido recursos. Pero la información registrada en los sistemas oficiales no permitió al DNP comprobar la relación entre esos recursos, las metas del Plan de Desarrollo y los productos efectivamente ejecutados.
Un gobierno no se evalúa únicamente por lo que dice haber hecho. También debe ser capaz de demostrarlo.
Los recursos aparecen. La trazabilidad de la gestión, no.
La ficha contiene un dato que merece una explicación pública.
Mientras el sistema CUIPO registra obligaciones por $149.918,3 millones, la comparación realizada para la medición encuentra 0,0 millones en PIIP y 0,0 millones de programación financiera asociable desde SisPT.
Es importante decirlo con absoluta responsabilidad.
Este documento no prueba corrupción.
Tampoco afirma que los recursos públicos hayan desaparecido.
Lo que sí evidencia es una grave desconexión entre los sistemas oficiales que deberían permitir demostrar cómo se relacionan los recursos comprometidos con las metas del Plan de Desarrollo.
Y cuando un gobierno no puede demostrar institucionalmente sus resultados, el problema deja de ser únicamente técnico. Se convierte en un problema político y administrativo.
257 oportunidades perdidas para demostrar gestión
Existe un dato que resume toda la evaluación del DNP.
Cero de 257.
Ese fue el resultado del denominado Bono Venn, que mide cuántos productos aparecen simultáneamente en SisPT, PIIP y CUIPO.
En Sabanalarga no apareció uno solo.
Ninguna de las 257 combinaciones de productos logró coincidir en los tres sistemas oficiales.
Cuando un municipio no logra demostrar un solo producto con trazabilidad completa entre planeación, ejecución y presupuesto, no estamos frente a un simple error de digitación.
Estamos frente a una administración que perdió el control sobre uno de los aspectos esenciales del gobierno: la capacidad de demostrar, con evidencia verificable, el cumplimiento de sus propias metas.
Los trabajadores no pueden cargar con la responsabilidad política
Cada vez que una administración enfrenta resultados desfavorables aparece la tentación de buscar responsables entre los funcionarios de menor nivel, los contratistas o el personal encargado de alimentar las plataformas.
Desde una perspectiva sindical, esa explicación resulta inaceptable.
Los trabajadores cumplen diariamente con sus funciones, ejecutan las tareas que les asignan y sostienen el funcionamiento de la administración pública muchas veces en condiciones difíciles.
Quienes toman las decisiones estratégicas son otros.
La coordinación entre Planeación, Hacienda, las dependencias ejecutoras, el Banco de Proyectos y los mecanismos de seguimiento corresponde al nivel directivo de la administración.
La responsabilidad política no puede descargarse sobre quienes cumplen órdenes. Corresponde a quienes gobiernan.
José Elías Chams debe responder
El alcalde José Elías Chams es el director de la administración municipal.
Por esa razón, las preguntas que deja el informe del DNP no pueden quedar sin respuesta.
¿Por qué el municipio no logró cumplir las condiciones mínimas para que el Índice de Eficacia pudiera calcularse?
¿Por qué los sistemas oficiales no permitieron verificar la relación entre las metas, los productos y los recursos?
¿Por qué ninguna de las 257 combinaciones de productos apareció simultáneamente en los tres sistemas nacionales?
Y, sobre todo, ¿Qué acciones concretas adoptará la administración para corregir estas falencias?
Responder estas preguntas no es un favor a la oposición ni al movimiento sindical. Es una obligación con la ciudadanía.
Gobernar no es hacer propaganda; es rendir cuentas
En los últimos años, la ciudadanía ha visto una intensa actividad de difusión institucional. Fotografías, videos, anuncios, inauguraciones y publicaciones en redes sociales forman parte de la comunicación cotidiana del gobierno municipal.
Pero la gestión pública no se mide por la cantidad de publicaciones.
Se mide por la capacidad de demostrar resultados verificables.
Los trabajadores cumplen con su labor.
Los ciudadanos cumplen pagando impuestos.
La comunidad cumple depositando su confianza en las instituciones.
La administración también tiene un deber: rendir cuentas con información completa, consistente y verificable. Cuando el propio Estado no logra reconstruir esa información mediante sus sistemas oficiales, la confianza pública se resiente y la credibilidad del gobierno queda seriamente comprometida.
El sindicalismo tiene el deber de exigir cuentas
El movimiento sindical no está llamado a guardar silencio cuando los organismos del Estado revelan deficiencias en la gestión pública.
Su papel histórico ha sido defender el interés general, exigir transparencia, proteger el patrimonio público y reclamar administraciones eficientes al servicio de la comunidad. Se equivoca quien pretenda presentar toda crítica como un ataque al municipio. Lo que debilita a Sabanalarga no es que se conozcan los resultados de una evaluación oficial. Lo que realmente la debilita es que esos resultados no generen explicaciones, correctivos ni responsabilidades.
El verdadero desafío comienza ahora
El 0,0 % obtenido por Sabanalarga no debe convertirse en una anécdota ni en una disputa política pasajera.
Debe convertirse en un punto de inflexión.
La administración tiene la obligación de corregir las inconsistencias entre SisPT, PIIP y CUIPO, fortalecer los mecanismos de seguimiento, garantizar la calidad de la información pública y demostrar que cada peso invertido corresponde a una meta cumplida y a un beneficio verificable para la ciudadanía.
Porque el desarrollo de un municipio no se construye únicamente con anuncios.
Se construye con instituciones sólidas, información confiable y gobiernos capaces de rendir cuentas.
Y hoy, según la evaluación oficial del Departamento Nacional de Planeación, esa sigue siendo la principal deuda de la administración de José Elías Chams Chams con Sabanalarga.