El proyecto que no pasó: Concejo de Sabanalarga negó facultades para la modernización administrativa tras cuestionamientos técnicos y jurídicos
Ocho votos en contra frente a seis a favor. Ese fue el resultado, tras un reconteo que tuvo que hacer la secretaría del Concejo Municipal de Sabanalarga porque el conteo a mano alzada no dio certeza, del segundo debate al proyecto con el que la Alcaldía pedía facultades pro tempore para reestructurar la administración central y "modernizar" la planta de empleos. El proyecto, radicado por el alcalde José Elías Chams el 10 de agosto y aprobado en primer debate en la Comisión Tercera Permanente con 4 votos a favor y 1 en contra, llegó a la plenaria sin el soporte técnico que la propia ley recomienda para una reforma de este tamaño, y ninguno de los seis intentos de salvarlo con modificaciones logró un solo voto a favor.
Lo que pedía el texto, en frío
El artículo 1° del proyecto revestía al alcalde de facultades para modificar la estructura de la administración municipal central, reorganizar dependencias y funciones, y sustituir el modelo organizacional vigente desde el Decreto 008 del 17 de enero de 2006 —el mismo decreto que, en plena crisis fiscal, suprimió cerca de 75 empleos cuando los gastos de funcionamiento superaban el 220 % de lo permitido—. El plazo pedido era de diez meses, con obligación de concluir el estudio técnico dentro de los primeros seis. El artículo 6° del propio proyecto fijaba como meta prudencial que la relación entre gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) del sector central no superara el 70 %, "sin perjuicio del límite legal del 80 %" que impone el artículo 6 de la Ley 617 de 2000 para municipios de quinta categoría.
Esa cifra no es menor: la Secretaría de Hacienda municipal certificó, con corte a 2024, unos ICLD de $24.000.621.380 y unos gastos de funcionamiento de $11.179.414.923, es decir una relación de apenas el 45,87 %. La distancia entre ese 45,87 % real y el 70 % que el proyecto se autorizaba a alcanzar es, en plata, el margen de maniobra que la Alcaldía pedía para crecer la nómina sin que existiera —como lo exige en la práctica cualquier reforma de planta seria— un estudio de impacto fiscal que dijera cuánto de ese margen se pensaba usar, en qué cargos y a qué costo.
El hueco técnico: ni estudio, ni solicitud de estudio
El artículo 4° del proyecto remitía el sustento de cualquier decreto de reestructuración a un estudio técnico "elaborado de conformidad con el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015", que exige como mínimo diagnóstico de la estructura y planta vigente, análisis de cargas de trabajo, análisis comparativo de estructura y planta propuesta, evaluación de costos y sostenibilidad financiera, y análisis del impacto laboral sobre servidores con fuero sindical o retén social. Ese estudio, a 31 de agosto, no existía. Y el dato más filoso del debate fue que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) —mencionada como el eventual soporte técnico— certificó ese mismo día que la administración municipal ni siquiera le había solicitado formalmente el acompañamiento para elaborarlo.
El concejal José Francisco Trocha lo resumió sin rodeos: aprobar facultades tan amplias sin saber cuántos cargos de planta existen hoy, cuántos se crearían, en qué niveles y con qué costo equivalía a firmarle a la administración un cheque en blanco para "hacer y deshacer" en la planta de personal, sin que el proyecto definiera siquiera hacia dónde apunta la modernización —si se crearían secretarías de movilidad, de seguridad y convivencia, de cultura y turismo— ni qué visión de desarrollo la sustenta. Argumentó, además, que la ley no exige que el Concejo otorgue facultades para que la administración adelante ese estudio: el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 ya se lo permite hacer por su cuenta, con o sin acompañamiento de la ESAP.
Los números que nadie puso sobre la mesa
El concejal Ramón Serge llevó el debate al terreno de las cifras. Ubicó el problema en un pasivo histórico concreto: de los cerca de 75 empleos suprimidos en 2006, una parte quedó en planta transitoria, y de esos, 47 llegarán a edad de retiro en los próximos 4 a 6 años, lo que sí exige una reforma ordenada de la planta. Pero contrastó esa necesidad real con la orfandad de cifras del proyecto: sin estudio de impacto fiscal, nadie en la plenaria podía responder cuánto costaría crear entre 70 y 80 cargos nuevos —la cifra que el propio concejal Manuel Mañe Mercado puso sobre la mesa—, ni en qué proporción se repartirían entre niveles profesional, técnico y asistencial, con salarios que en Sabanalarga van, según se citó en el debate, desde un mínimo hasta $ 5.200.000 para un profesional. Mañe Mercado fue más allá: preguntó explícitamente qué pasaría con el personal de planta de mayor antigüedad —incluidos trabajadores con vínculo sindical— si la reforma avanzaba sin que la administración hubiera mostrado antes ni el estudio de cargas ni el organigrama propuesto.
Serge también dejó un dato de contexto que explica la urgencia mal calculada del proyecto: el acuerdo de reestructuración de pasivos que Sabanalarga suscribió en 2011 bajo la Ley 550 de 1999 —con un cumplimiento certificado del 87,39 % a diciembre de 2024— vence este año, lo que obliga a un reacomodo de la planta en algún momento. El problema, insistió, no es la necesidad de reformar, sino hacerlo "a ciegas": sin delimitación material, sin estudio de impacto fiscal y sin que las observaciones que él mismo había remitido por escrito al equipo de la Alcaldía hubieran sido siquiera radicadas o respondidas.
Seis oportunidades de corregirlo, seis rechazos
Lo más revelador del debate no fue solo lo que se dijo, sino lo que la propia plenaria decidió no salvar. El concejal Waldir Serge presentó seis propuestas concretas de corrección: cambiar el título del proyecto, reducir el plazo de las facultades de diez a seis meses y luego a tres, y suprimir varios artículos del listado de "facultades precisas" y del artículo sobre estudio de impacto fiscal. Cada una se sometió a votación por separado. Las seis fueron rechazadas, una por una, sin que el texto original de la Alcaldía sufriera un solo ajuste. Es decir: cuando la plenaria tuvo la oportunidad de moderar el proyecto en vez de hundirlo por completo, decidió no hacerlo —lo que deja leer el resultado final no como un rechazo por tecnicismos de redacción, sino como una negativa de fondo a las condiciones en que se pedían las facultades.
La votación, nombre por nombre
Votaron en contra —negando el proyecto— los concejales José Francisco Trocha Rodríguez, Maruf Yamil Blel Roa (presidente de la corporación), Ena Margarita Redondo Ramos, Manuel Mañé Mercado Estrada, Ramón Enrique Serge Logreira, Mario David Escamilla Berdugo, Jesús Rafael Sanjuan Ahumada y Waldir Enrique Serge Peña. Votaron a favor los concejales Jaime Sanjuan, Jobbannys Vergara de los Reyes, Ángel Antonio Escorcia Rincón —ponente del proyecto—, Omar Enrique Bermejo Morales, Cristian José Prieto Fontalvo y Yony Rafael Lechuga Vizcaíno.
Lo que queda pendiente
El municipio sí tiene un pasivo laboral que resolver: una planta transitoria que envejece, un acuerdo de reestructuración de pasivos que vence este año y una población que, según proyecciones del DANE, ya llegó a 107.560 habitantes en 2026 frente a 84.410 en el censo de 2005 —un crecimiento del 27,4 % que empuja al municipio hacia el umbral de las obligaciones legales de más de 100.000 habitantes—. Lo que el Concejo dejó claro, con ocho votos y seis rechazos consecutivos a cada intento de arreglo, es que no está dispuesto a firmar esa reforma sin un estudio técnico real, un estudio de impacto fiscal concreto y una delimitación precisa de cuántos cargos, en qué niveles y con qué costo se pretende crear.
"La votación cerró el trámite del proyecto, pero no cerró el debate. Lo ocurrido en el Concejo dejó sobre la mesa una discusión más profunda: la modernización de una entidad pública no puede depender únicamente de facultades solicitadas, sino de estudios serios, reglas claras y decisiones construidas con responsabilidad institucional."