Concejo de Sabanalarga hunde proyecto de modernización administrativa: la Alcaldía no logró las facultades solicitadas

La iniciativa que buscaba otorgar facultades al alcalde José Elías Chams Chams para modificar la estructura administrativa y avanzar en la modernización de la planta de empleos fue negada por la plenaria. La votación terminó 8-6 y dejó abiertas las diferencias sobre el alcance, la ruta técnica y el impacto fiscal de la propuesta.

La sesión del Concejo de Sabanalarga arrancó en la noche del 31 de agosto y no se cerró hasta el filo de las once de la noche, cuando la plenaria finalmente sometió a votación el proyecto de acuerdo con el que el alcalde pedía que lo revistieran, pro tempore, de facultades para meterle mano a la estructura de la administración central y a la planta de empleos, sustituyendo el modelo que dejó el decreto 008 del 17 de enero de 2026. Nada exótico en el papel —así se mueven casi todas las reestructuraciones municipales del país—, pero el trámite terminó exhibiendo en vivo y en directo las costuras de una corporación que no se pone de acuerdo ni en cómo contar los votos, y que además llegaba a esa plenaria con tres avisos sindicales por escrito de que algo no estaba en regla y, como se supo ese mismo día, con la desmentida de la ESAP propia entidad que supuestamente tenía en sus manos el estudio técnico que sustentaba todo el proyecto.

Seis proposiciones, cero aprobadas

El round previo a la votación fue, de lejos, el más revelador. El concejal Waldir Serge llegó con seis proposiciones de modificación al articulado: cambiarle el nombre al proyecto, suavizar el verbo "modificar" por "realizar el estudio técnico", recortar el plazo de las facultades de diez a seis meses (y luego a tres), podar varios numerales del artículo de "facultades precisas", ajustar el estudio técnico a la normativa vigente y amarrar la reforma a que primero se conociera el impacto fiscal. Ninguna prosperó. Ni una sola. Proposición tras proposición, la respuesta de la secretaría fue la misma frase, repetida como estribillo: "proposición no aprobada". Incluso la más inocua de todas —el simple cambio de nombre del proyecto— cayó exactamente igual que las de fondo.

Y ahí es donde el trámite deja de ser un simple choque de mayorías y se convierte en otra cosa: antes de que le tumbaran sus seis proposiciones, Ramon Serge tomó la palabra y soltó el discurso que en realidad explica todo lo que pasó después. Su pregunta de fondo fue casi ofensivamente simple: si él, como concejal, podía enumerar de memoria y sin asesores toda la arquitectura que le faltaba a la Alcaldía —Secretaría de Obras, Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Movilidad, Subsecretaría de Cultura y Turismo, Subsecretaría de Deportes y Recreación, la oficina que exige la ley y que el municipio tiene pendiente, una Gerencia de Talento Humano, una nueva inspección de policía, el fortalecimiento de las corregidurías—, ¿por qué el propio alcalde llegaba al Concejo pidiendo poderes para reestructurar sin decir, artículo por artículo, hacia dónde apuntaba esa reestructuración? "¿Por qué el alcalde no indica hacia dónde va el municipio? ¿Cuál es esa modernización que quiere hacer?", preguntó, recordándole al mandatario que él mismo había sido ponente del plan de desarrollo vigente y que ahí ya estaban esas líneas estratégicas aprobadas.

El otro golpe, más contundente todavía, fue con calculadora en mano. Ramón Serge denunció que las facultades pedidas le permitirían al alcalde nombrar personal hasta un tope del 70% de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio. Con una Sabanalarga que hoy recauda cerca de 25.000 millones de pesos, ese 70% podría traducirse en una nómina de hasta 17.500 millones de pesos al año, sin que el proyecto —según Serge— hubiera pasado por un estudio de impacto fiscal. Su respuesta al asesor jurídico del alcalde, Luis Fernando Moreno Llinás, que sostenía que el acuerdo "no trae erogación de gasto y por tanto no necesita impacto fiscal", fue de las frases que quedan grabadas en un Concejo: "¿Cómo no va a tener impacto fiscal si me estás diciendo que vas a crear empleo? ¿O es que le vas a pagar con hojitas de laurel de la plaza? Vas a pagarle con recursos públicos." Fue también quien metió en la conversación la palabra que nadie más pronunció esa noche: 2027, y la sospecha de que unas facultades tan amplias, sin delimitación, pueden terminar siendo munición electoral antes que herramienta administrativa.

El concejal Ramon Serge repasó el decreto de 2006 que suprimió 16 cargos provisionales y cerca de 75 empleos de planta, y exigió saber, empleo por empleo, cuántos de esos 75 cupos que ahora se quieren "retomar" serían profesionales, técnicos o auxiliares —con cifras sobre la mesa: un profesional en Sabanalarga gana hoy cerca de 5.200.000 pesos, un técnico 2.400.000 y un auxiliar el mínimo—, para poder proyectar el verdadero costo fiscal antes de firmar un cheque en blanco. Su cierre fue tan filoso como su denuncia: "aquí se habla y se comulga mucho con el chismo, pero poco con los argumentos", y remató diciéndole al alcalde, sin ambigüedad, que si subsanaba las observaciones "contará con mi apoyo", pero que sin eso no le entregaba un voto positivo pese a haber sido, en sus palabras, "muy proactivo" con esa administración.

Las tres advertencias que nadie subsanó

Lo que Serge denunció desde la curul, tres sindicatos ya lo venían denunciando por escrito desde tres semanas atrás. SINSERPALSA, SINTRAMUSA y SINTRAIMTDESCOL —las organizaciones firmantes del Acuerdo Colectivo de Trabajo vigente con la Alcaldía desde 2023— le enviaron al presidente del Concejo, Maruf Yamil Blel Roa, tres derechos de petición sucesivos, el 12, el 13 y el 24 de agosto, cada uno más duro que el anterior.

El primero, del 12 de agosto, fue casi preventivo: apenas dos días después de que el alcalde radicara el proyecto, los sindicatos recordaron que el artículo 25 de su Acuerdo Colectivo obliga a la Administración a instalar mesas de concertación tripartitas y a entregarles un estudio técnico y socioeconómico elaborado por una entidad reconocida "al momento de promover" cualquier reestructuración —no después—, y ya advirtieron ahí la primera grieta documental: el oficio de radicación del alcalde hablaba de seis meses de facultades, mientras que la exposición de motivos y el articulado del propio proyecto fijaban doce.

El segundo, del 13 de agosto, subió el tono a "queja formal" y sumó un flanco distinto: el artículo octavo del proyecto, que enumera las garantías laborales de la reforma (carrera administrativa, estabilidad reforzada, retén social), no menciona en ningún momento el fuero sindical ni la prohibición de trasladar o reubicar directivos sindicales sin autorización previa de un juez laboral, pese a que esa garantía está blindada tanto por la ley como por el propio Acuerdo Colectivo. Los sindicatos remataron ese oficio con una frase que no deja mucho a la interpretación: "El Acuerdo Colectivo no es letra muerta: es un compromiso firmado que la Administración debe cumplir, y que SINSERPALSA, SINTRAMUSA y SINTRAIMTDESCOL, unidos, harán respetar en la ley y en la calle." Y no se quedaron solo en el Concejo: ese mismo 12 de agosto llevaron la queja también a la Inspección de Trabajo del Ministerio del Trabajo en Sabanalarga.

El tercero, del 24 de agosto —dirigido esta vez al presidente, a los concejales y a las comisiones conjuntas—, fue el más contundente porque ya no hablaba de riesgos sino de hechos consumados. Los sindicatos denunciaron que, en la sesión de la Comisión Conjunta del 20 de agosto, el propio asesor jurídico de la Alcaldía, Luis Fernando Moreno Llinás, admitió en grabación oficial que el estudio técnico "lo estamos haciendo" con la ESAP y que la Administración "no estamos obligados a sentarnos todavía hasta que no exista... un estudio técnico" —es decir, invirtiendo el orden que exige el Acuerdo Colectivo: primero concertar, después estudiar, y no al revés. Denunciaron además que el expediente ya incluía un "Diagnóstico Preliminar de Planta de Personal y Talento Humano" firmado, literalmente, por nadie: el renglón de responsabilidad dice solo "Talento Humano — Alcaldía Municipal de Sabanalarga", sin nombre, cargo ni firma identificable de quien lo elaboró. Y sobre la ya conocida discrepancia del plazo, la concluyeron sin rodeos: un proyecto de facultades pro tempore que no logra decir con precisión si dura seis meses o doce es, citando la Constitución y al Consejo de Estado, jurídicamente improcedente por sí solo. Para completar el cuadro, en la propia sesión del 31 de agosto la cifra que se discutía en el recinto no era ninguna de las dos: era diez meses, la que Serge pedía bajar a seis y luego a tres. Tres documentos oficiales, tres plazos distintos.

La ESAP desmiente al asesor jurídico: no hay estudio, no hay convenio

Y entonces llegó la pieza que termina de desbaratar la defensa del proyecto. Los sindicatos no se quedaron con la palabra de Moreno Llinás sobre que el estudio técnico "lo estamos haciendo con la ESAP": el 21 de agosto le preguntaron directamente a la Escuela Superior de Administración Pública si eso era cierto. La respuesta de la ESAP, firmada por el director técnico Elier Avalo Castaño y radicada el mismo 31 de agosto —horas antes de que el Concejo votara—, no deja espacio para la ambigüedad: "la ESAP no ha sido contactada, ni ha adquirido ningún compromiso con la Alcaldía de Sabanalarga para elaborar un 'estudio técnico y socioeconómico de reestructuración administrativa' para el año 2026", y remata: "no existe a la fecha ningún convenio, contrato ni acuerdo formal firmado entre la ESAP y la Alcaldía de Sabanalarga."

La ESAP fue más lejos todavía frente a la pregunta sobre los tiempos del estudio: "es imperativo aclarar de manera enfática que actualmente la ESAP no se encuentra ejecutando ningún estudio técnico, ni está brindando acompañamiento de ninguna índole al municipio de Sabanalarga." Y sobre si estaba aplicando alguna metodología o preparando documentos para entregar al Concejo o a los sindicatos, la respuesta institucional fue, otra vez, que no existe "ningún proceso de acompañamiento activo, ni un estudio técnico en ejecución por parte de la ESAP en la Alcaldía de Sabanalarga."

Lo que sí hubo, según la propia ESAP, fue algo mucho más modesto y ya archivado: en febrero de 2026 la entidad le ofreció a Sabanalarga un acompañamiento técnico gratuito, pero no para reestructurar la administración, sino apenas para actualizar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales (MEFCL). Como el municipio no respondió a tiempo para formalizar esa oferta, la ESAP —según le informó por escrito al alcalde el 13 de agosto, en respuesta a una solicitud suya de reunión presencial— ya había priorizado a otro municipio en la lista de espera, y el interés de Sabanalarga solo sería "evaluado para el segundo semestre." Es decir: mientras el asesor jurídico le decía a la Comisión Conjunta que el estudio técnico ya estaba en marcha con la ESAP, la propia ESAP le estaba avisando al alcalde, por escrito, que ni siquiera el trámite más básico —el manual de funciones— había arrancado, y que su solicitud estaba en fila para dentro de varios meses.

La defensa del ponente

Quien sí salió a defender el texto tal cual llegó fue el concejal Ángel Escorcia, coordinador de la comisión y ponente del proyecto, que le recordó a la plenaria que el trámite venía respaldado: "se hizo un primer debate en comisión donde se hicieron los estudios respectivos, donde se hicieron las invitaciones a los gremios municipales, a la administración municipal, donde se envió por correo electrónico con tiempo el texto definitivo". Su cierre fue casi una invitación a que dejaran de darle vueltas al asunto: "aquí estamos para tomar una decisión como corporación y que el presidente la someta a votación." Lo que la ponencia no explicó en la plenaria es qué pasó, entre el 12 y el 24 de agosto, con las tres peticiones sindicales que ya reposaban en el expediente del propio Concejo, ni por qué se hablaba de un estudio técnico con la ESAP que la propia ESAP, para entonces, ya estaba desmintiendo por escrito.

El conteo que nadie entendió a la primera

Y a votación se sometió, cerca de las once de la noche y aunque no sin tropiezos. El presidente decidió resolverlo "a pulso": los que estuvieran de acuerdo en negar el proyecto, de pie. Alguien en la mesa alcanzó a hablar de un "empate técnico" antes de que la propia secretaría se corrigiera sobre la marcha: no era empate, era ocho de catorce. El resultado no convenció a todos: el concejal Jaime San Juan pidió la palabra para decir, sin rodeos, que "no queda claridad de la manera como se hizo la votación, por lo menos para mí", y exigió que la secretaría hiciera el recuento nominal antes de que la sesión siguiera adelante, porque el acta del día ni siquiera alcanzaría a leerse esa misma noche.

Con el recuento ya en limpio, la cuenta quedó así: votaron por negar el proyecto —es decir, por hundirlo— los concejales José Francisco Trocha Rodríguez, Ena Margarita Redondo Ramos, Manuel Mañe Mercado Estrada, Ramón Enrique Serge, Mario David Escamilla, Jesús San Juan Ahumada y el propio Waldir Serge, autor del discurso y de las seis proposiciones fallidas, junto a otro concejal más. Del otro lado, defendiendo el proyecto del alcalde, quedaron Jaime San Juan, Jobanys Vergara de los Reyes , Ángel Escorcia, Omar Bermejo, Cristian Prieto y Johnny Lechuga. Ocho contra seis, al filo de la medianoche: el proyecto de acuerdo quedó formalmente negado y no pasará como acuerdo municipal.

Lo que queda

La lectura política, con el discurso de Serge, los tres oficios sindicales y la desmentida de la ESAP de por medio, ya no es la de una plenaria que simplemente cerró filas contra el alcalde por deporte. Es la de un gobierno local que llegó al Concejo pidiendo poderes amplios sobre la nómina municipal sin estudio de impacto fiscal, invocando un estudio técnico con la ESAP que la propia ESAP niega que exista, sin sentarse con los sindicatos que la ley y su propio Acuerdo Colectivo le obligan a convocar, con un documento sin firma en el expediente y sin siquiera ponerse de acuerdo consigo mismo sobre cuántos meses duraban las facultades que pedía. El proyecto vuelve al punto de partida, y con él la pregunta que Serge, los tres sindicatos y ahora la propia ESAP, cada uno por su lado, dejaron flotando desde el 12 de agosto: si la reforma es tan necesaria como dice el alcalde, ¿por qué no llegó con los números, el estudio real y las mesas ya hechas desde el principio?

"El proyecto se hundió, pero la discusión sigue viva: Sabanalarga no solo debatió una reforma administrativa, debatió los límites del poder, la transparencia de los procesos y la responsabilidad de quienes toman decisiones que marcarán el rumbo del municipio."