EL SALTO AL VACÍO DE LA ALCALDÍA: SINDICATOS DESMONTAN LA FALSA VIABILIDAD DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA EN SABANALARGA.

Con cifras extraídas del propio modelo financiero de la Secretaría de Hacienda, SINSERPALSA, SINTRAMUSA y SINTRAIMTDESCOL demuestran que el proyecto de modernización de la planta ya supera en 83% el límite legal de la Ley 617, mientras la ESAP niega por escrito el estudio técnico que la Alcaldía dice tener y el Ministerio del Trabajo advierte sanciones por incumplimiento del Acuerdo Colectivo. El Concejo está a horas de votar sobre un vacío que la propia Administración ya calculó y no mostró. 

Sabanalarga, 18 de septiembre de 2026. 

La Alcaldía de Sabanalarga empuja al Concejo Municipal a dar un salto al vacío: aprobar en plenaria el proyecto de modernización de la planta de empleos sin que se le haya mostrado el fondo del abismo que su propio operador financiero ya midió. Horas antes de esa votación, las tres organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la Administración —SINSERPALSA, SINTRAMUSA y SINTRAIMTDESCOL, agremiadas en Unión Sindical y respaldadas por la CUT— radicaron ante la Mesa Directiva y los honorables concejales una constancia jurídica que desmonta, con los mismos documentos oficiales del proceso, la narrativa de viabilidad fiscal con la que la Alcaldía ha querido blindar la reforma.

El hallazgo no proviene de un cálculo externo ni de una interpretación sindical: sale del archivo financiero de la propia Secretaría de Hacienda, el 10AMOD_1.XLS, el mismo que sustenta la Adenda No. 1 radicada el 15 de septiembre. En su hoja "Efecto fiscal y Ley 617", la Administración corrió una prueba de estrés estándar en finanzas públicas territoriales: qué pasa con el indicador si los ingresos corrientes de libre destinación caen un 10%, un escenario ordinario y nada improbable para un municipio de quinta categoría. El resultado, calculado por la propia Alcaldía, es el vacío que hoy se destapa: el gasto de funcionamiento se dispara al 83,0% sobre la base certificada de 2024, tres puntos por encima del límite del 80% que fija el artículo 6 de la Ley 617 de 2000. Ese dato existe en el modelo oficial. Nunca fue expuesto al Concejo.

Un margen de $ 168 millones, parado sobre pasivos que ya están registrados

La auditoría técnica independiente liderada por el sindicalista Juan Obredor Beltrán, Directivo y Líder Sindical, presentada ante la comisión conjunta del Concejo el 14 de septiembre, obligó a la Secretaría de Hacienda a corregir al alza, un día después, el costo de personal que había proyectado: de $ 5.858 millones pasó a reconocer $ 6.848 millones, un ajuste de $ 990 millones que confirma, con cifras propias de la Administración, un error que los sindicatos ya habían cuantificado.

Proyectado a 2027 —cuando entraría realmente en vigencia la nueva planta, con el incremento salarial legal de ese año ya operando—, el supuesto colchón financiero del municipio se reduce a apenas $ 168 millones: menos del 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación. Y ese margen se calcula antes de tocar un solo pasivo contingente. El propio modelo de la Alcaldía reconoce, en su hoja de parámetros, 61 procesos judiciales en contra del municipio por $ 5.704 millones. Si esos procesos se hacen exigibles, el indicador salta a 102,70%. Si además se suma el saldo pendiente de $ 4.674 millones del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos de la Ley 550 de 1999 —cifra que la misma Secretaría de Hacienda confirmó por escrito el 27 de agosto—, el indicador podría llegar al 121,9%: un abismo que arrastraría a Sabanalarga a un programa de saneamiento fiscal obligatorio, con intervención directa de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda.

La ESAP desmiente el estudio técnico que la Alcaldía dice tener

El proyecto se ha querido sustentar ante el Concejo afirmando que el estudio técnico y socioeconómico exigido por el artículo 25 del Acuerdo Colectivo de Trabajo estaría cubierto por un acompañamiento de la Escuela Superior de Administración Pública. Los documentos dicen otra cosa. En oficio del 13 de agosto de 2026, dirigido directamente al alcalde José Elías Chams Chams, la ESAP precisó que su único acercamiento con el municipio fue un ofrecimiento —nunca formalizado por la Administración— para actualizar el Manual Específico de Funciones, no el estudio de reestructuración que exige la norma. Y el 31 de agosto, en respuesta al derecho de petición radicado por los sindicatos, la ESAP fue todavía más categórica: "no ha sido contactada, ni ha adquirido ningún compromiso con la Alcaldía de Sabanalarga (...) actualmente la ESAP no se encuentra ejecutando ningún estudio técnico, ni está brindando acompañamiento de ninguna índole al municipio de Sabanalarga."

Quince días antes de que se radicara la Adenda No. 1, la ESAP ya le había dicho al Alcalde, por escrito, que ese estudio no existía. Pese a eso, la Adenda siguió presentando a la misma entidad como posible ejecutora, sin informarle al Concejo que ya había respondido que no había proceso alguno. Peor aún: la propia Adenda admite por escrito que no hay acta de instalación de las mesas de trabajo tripartitas que exige el artículo 25 desde el momento en que se promueve la reforma —no después—, aunque sostiene que el articulado "cumple" el Acuerdo Colectivo "en la primera fase". Una contradicción que la Administración no logra explicar: si el proyecto ya cumpliera sin las mesas y el estudio, no tendría sentido aclarar que "con ellos" el cumplimiento sería "uno que no admite discusión".

El Ministerio del Trabajo ya abrió el expediente

Este no es un señalamiento exclusivo de los sindicatos. La Dirección Territorial Atlántico del Ministerio del Trabajo, mediante oficio del 27 de agosto de 2026 dirigido al Alcalde, exhortó formalmente a la Administración a revisar el Acuerdo Colectivo y a informar, dentro de los diez días hábiles siguientes, las acciones adelantadas para cumplir los artículos 25 y 26 —un plazo que venció antes de que se radicara la Adenda No. 1—. La misma Inspección advirtió que, de persistir el incumplimiento, evaluará abrir un procedimiento administrativo sancionatorio conforme a la Ley 1610 de 2013, con multas que pueden ir de uno a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación.

Esa advertencia dejó de ser una posibilidad: se hizo expediente. El 17 de septiembre de 2026, la inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Sabanalarga, Glenis Sofía Castro Santiago, remitió la totalidad del caso —mediante el Memorando No. 08SI2026900863800003395— a la Coordinación del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control y a la Dirección Territorial Atlántico, para que se evalúe la apertura de averiguación preliminar o procedimiento administrativo sancionatorio contra el Municipio. El mismo día, mediante Oficio No. 08SE2026900863800010288, la Inspección le comunicó ese traslado directamente al Alcalde y a su Oficina Asesora Jurídica. El motivo, consignado por escrito: pese a la exhortación preventiva y a la reiterada invitación al diálogo social, "a la fecha" no se ha acreditado la instalación de las mesas y comités que exige el Acuerdo Colectivo. La Inspección reconoce que la Alcaldía, en su respuesta del 9 de septiembre, reiteró su voluntad de cumplir los artículos 25 y 26 —y valora positivamente ese gesto—, pero aclara con la misma contundencia que su invitación al diálogo "no constituye concepto jurídico vinculante" ni prejuzga si hubo o no incumplimiento: esa determinación queda ahora en manos de la instancia sancionatoria a la que se trasladó el caso.

Y en la sesión de comisión del Concejo del 16 de septiembre, el concejal Manuel Mañé Mercado Estrada emitió voto negativo y dejó constancia de objeciones que coinciden sustancialmente con lo que hoy documentan los sindicatos: que el Concejo "no tiene información concreta", que en el modelo de la Alcaldía "están en cero las contingencias de la Ley 550 y el factor logístico de la implementación", y que ajustando los gastos a la fecha real de ejecución el indicador "se pasaría al 85%". Concluyó que el proyecto no cumple "el lleno total de los requisitos legales". La advertencia, entonces, ya había nacido también dentro de la propia Corporación —y un día después, encontró respaldo en el propio Ministerio del Trabajo.

El vacío no lo cierra un voto: lo cierra la información

Las organizaciones sindicales fueron explícitas: no pretenden sustituir ni presionar la facultad exclusiva y soberana del Concejo Municipal de aprobar o no el proyecto. Pero sí dejaron constancia, formal e histórica, de que votar a favor conociendo estos hechos documentados puede acarrear consecuencias concretas para quien lo haga: procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General por detrimento patrimonial, conforme a la Ley 610 de 2000; falta disciplinaria por omitir el deber de verificación antes de votar, conforme a la Ley 1952 de 2019; y exposición a la acción de repetición del Estado, conforme a la Ley 678 de 2001, si de esta decisión se derivan condenas patrimoniales contra el municipio.

Los sindicatos exigieron, antes de la votación, que la Secretaría de Hacienda explique públicamente por qué omitió el resultado de su propia prueba de estrés; que el costo de la reforma se recalcule con salarios de 2027 y no de 2026; que se cuantifique con precisión el pasivo pensional y su incidencia real sobre el límite legal; que se determine cuánto del margen fiscal ya está comprometido por los pagos del Acuerdo Ley 550; y que, conforme al artículo 25, se instalen las mesas de trabajo y se entregue el estudio técnico de una entidad debidamente reconocida antes —no después— de que el Concejo vote.

"Nada de esto les pide votar en un sentido o en otro —esa decisión sigue siendo exclusivamente suya—; les pide votar sabiendo lo que hoy ya se sabe, con los documentos y no con las suposiciones", señalan Yisellis Ibeth Mendoza Hernández (SINSERPALSA), Ruth Marelvy Araujo Cervantes (SINTRAIMTDESCOL) y Rafael Antonio Peña Navas (SINTRAMUSA) en la comunicación radicada ante el Concejo.

El salto al vacío no está en votar sí o votar no. Está en votar sin fondo. 

El silencio de hoy será la prueba de mañana. Sabanalarga no se construye a costa de sus trabajadores...

Descargue aqui el documento enviado al Concejo y Alcaldía de Sabanalarga