EL SALTO AL VACÍO DE LA ALCALDÍA: SINDICATOS DESMONTAN LA FALSA VIABILIDAD DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA EN SABANALARGA.
La Unión Sindical demostró, con las propias cifras de la Secretaría de Hacienda, que el proyecto de modernización de planta viola el límite legal de la Ley 617. Mientras la Administración oculta un déficit inminente y contingencias millonarias, la ESAP desmiente oficialmente estar elaborando el supuesto estudio técnico que justifica la reforma.
El Proyecto de Acuerdo que pretende otorgar facultades pro tempore al Alcalde de Sabanalarga para reestructurar la Administración Municipal avanza hacia su debate definitivo en la plenaria del Concejo sobre cimientos de papel. La Unión Sindical (SINSERPALSA, SINTRAMUSA y SINTRAIMTDESCOL) presentó una rigurosa auditoría técnica que dejó al descubierto el maquillaje financiero y las graves irregularidades procedimentales de una reforma que amenaza con quebrar las finanzas del municipio y vulnerar los derechos de los trabajadores de carrera.
El hueco fiscal que intentaron ocultar
La Administración intentó venderle al Concejo y a la ciudadanía un proyecto financieramente viable con un margen holgado. Sin embargo, la presión y el rigor de la auditoría sindical obligaron a la Secretaría de Hacienda a recalcular sus cifras y emitir una Adenda, admitiendo un error garrafal: el costeo original se hizo con una escala salarial teórica que ignoraba la progresividad y los beneficios del Acuerdo Colectivo de Trabajo vigentes.
Al cruzar los datos con la nómina real, los sindicatos demostraron un sobrecosto no presupuestado de más de $ 990 millones anuales solo en el pago de los nuevos empleos. Pero la verdadera bomba de tiempo se encontraba oculta en los propios archivos de Excel de la Alcaldía: una prueba de estrés interno demuestra que, ante una contracción ordinaria del 10% en los ingresos, el indicador de gastos de funcionamiento se dispara al 83,0%, rompiendo el límite legal del 80% exigido por la Ley 617 de 2000.
A este déficit se suma la omisión deliberada de 61 procesos judiciales en contra del municipio por valor de $ 5.704 millones. Si estos pasivos contingentes se hacen exigibles, Sabanalarga alcanzaría un catastrófico indicador del 102,70%, precipitándose hacia un programa de saneamiento fiscal obligatorio y la intervención del Ministerio de Hacienda.
Un estudio técnico fantasma y la violación del Acuerdo Colectivo
Para justificar la solicitud de facultades, la Administración aseguró ante el Concejo que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) estaba a cargo del estudio técnico y socioeconómico de la reforma. La Unión Sindical desmintió esta afirmación con pruebas contundentes: una certificación oficial de la propia ESAP confirma que la entidad no ha sido contratada ni está elaborando ninguna metodología para la Alcaldía de Sabanalarga.
Al pretender avanzar con un estudio elaborado internamente a puerta cerrada, la Alcaldía actúa como juez y parte, cometiendo una violación directa al Artículo 25 del Acuerdo Colectivo de Trabajo. Esta norma obliga a la Administración a entregar un estudio realizado por una "Entidad debidamente reconocida" y a instalar mesas de concertación con los sindicatos antes de promover cualquier reestructuración. La renuencia del Alcalde a cumplir lo pactado ya motivó una exhortación preventiva de la Inspección de Trabajo, que advierte sobre la apertura de un proceso sancionatorio.
Advertencia en el Concejo: Votar a favor es un riesgo disciplinario y fiscal
La solidez de la denuncia sindical ya fracturó el respaldo al proyecto dentro del propio Concejo. Durante el trámite en comisión, el concejal Manuel Mañe Mercado dejó constancia de su voto negativo avalando los hallazgos de la Unión Sindical. El cabildante advirtió sobre la "inmensa irresponsabilidad en los cálculos" y sentenció que, al ajustar los gastos salariales a la fecha real de ejecución y sumar los pasivos logísticos y de la Ley 550, el gasto de nómina superará el 85%. A esto sumó una realidad operativa innegable: el municipio ni siquiera cuenta con un Palacio Municipal con la capacidad física para albergar la burocracia que se pretende crear.
SINSERPALSA, SINTRAMUSA y SINTRAIMTDESCOL insisten en que respetan plenamente la facultad soberana del Concejo Municipal para decidir sobre el proyecto. Pero advierten que votar a favor, conociendo estos hechos ya documentados, podría exponer a quienes lo hagan a procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría, falta disciplinaria conforme al Código General Disciplinario, y eventual acción de repetición si el Estado resulta condenado patrimonialmente.
La Unión Sindical mantiene su posición indeclinable: la modernización institucional debe hacerse de cara a la ciudad, con rigor técnico independiente y respetando los espacios de concertación pactados. Las organizaciones anunciaron que ya tienen listas las acciones de tutela y las demandas de nulidad para frenar en los estrados judiciales lo que la Administración pretende imponer por la vía rápida.